Cae la “roba viejitos”

En las sociedades modernas ante el desplazamiento de los ancianos del lugar que anteriormente se les daba, el cual era la escala última de las decisiones más importantes en lo que se refería a la comunidad. En la actualidad por el lado contrario, los ancianos componen uno de los grupos más vulnerables dentro de la sociedad; debido a que se encuentran en este grupo poblacional, el Gobierno del Distrito Federal desde hace ya algunos años expide tarjetas de pensiones para ayudar un poco a la economía de los mismos. Para expedir esta tarjeta un grupo de personas acuden a los domicilios de los ancianos para tramitarla.
Elizabeth Muñoz Ventura utilizaba múltiples personalidades para defraudar a las personas que le abrían sus domicilios con la ilusión de contar con esta ayuda económica. Esta mujer fue detenida como sospechosa principal de al menos 20 casos de fraude, fraudes que llevaba a cabo desde enero del año en curso. Con la falsa promesa de aumentar 400 pesos esta pensión, los ancianos caían en la trampa y obtenía de manera ilícita acceso a las tarjetas, las cuales utilizaba para realizar compras personales en tiendas de autoservicio según las mismas palabras del procurador de justicia Miguel Ángel Mancera. Una de las formas por las cuales se pudo llevar al arresto de esta persona fueron los retratos hablados que se habían proporcionado por parte de varias personas que ya habían sufrido de los abusos de esta persona. Esta mujer operaba básicamente en tres delegaciones del Distrito Federal: Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Azapotzalco, la cual se presentaba a los hogares de de forma amable para posteriormente despojar a los adultos mayores de sus tarjetas y realizar el fraude: una vez que realizaba las compras nunca regresaba al domicilio. Esta persona fue capturada el fin de semana aunque las averiguaciones previas fueron levantadas desde el 18 de febrero. Al momento de su detención se encontraron en su poder ocho de estas tarjetas. Ante estas pruebas se acusa de delito contra la fe pública el cual puede alcanzar una pena de hasta nueve años de prisión y cinco mil días de salario mínimo de multa.
Vale la pena difundir este tipo de casos ya que muchas veces sirven para que los adultos mayores se encuentren alerta ante cualquier tipo de situación similar que puede llegar a afectar no sólo económicamente a este sector de la población

 

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